La Contraloría General de la República formuló una serie de reparos al proyecto de Ley Forestal, al tiempo que advirtió sobre conflictos sociales en el corto plazo de aprobarse dicha iniciativa.
El ente de control sostiene que una ley así concebida “podría carecer de la integralidad para convocar, concertar y reflejar los intereses del país en esta materia”, y agrega que por las actuales condiciones “son previsibles los conflictos sociales, mayor pérdida del patrimonio ambiental y un retroceso en el desarrollo sostenible que exige la Constitución nacional”.
Las críticas están contenidas en un documento enviado por la Contraloría a la Cámara de Representantes, y que conoció en forma exclusiva Amazonia, en la que expresa su preocupación de aprobarse el proyecto.
Según el ente de control, la iniciativa legislativa afectaría los derechos de propiedad sobre los territorios de las comunidades afrocolombianas e indígenas; el sensible debilitamiento de la institucionalidad ambiental, responsable de la conservación de los bosques naturales y su biodiversidad; la limitada visión sobre el potencial de las coberturas forestales distintos al aprovechamiento de maderas; la significativa orientación del proyecto de ley para favorecer la intervención de coberturas, aun las de carácter protector, sin ninguna evaluación técnica y; más aun, la falta de una política efectiva en materia de medio ambiente por parte del gobierno nacional.
Así mismo, ha considerado la Contraloría que los posibles impactos fiscales de la iniciativa deben ser tomados en cuenta a profundidad para la evaluación, dadas las condiciones del fisco nacional, en tanto, los sectores interesados en la aprobación del proyecto de ley esperan del Estado el apalancamiento financiero permanente de la actividad forestal.
Según la comunicación, la Contraloría en su informe “Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente”, que entrega anualmente al Congreso de la República, ha señalado un sinnúmero de debilidades que afrontan las autoridades ambientales y el sector en general para la administración de los bosques naturales y de las plantaciones, partiendo de la ausencia de información sistemática y periódica, así como de herramientas para su manejo integral. Un reflejo de ello, es la muy baja implementación de las acciones definidas en el Plan Nacional de Desarrollo Forestal -PNDF, especialmente, las asociadas con la conservación, en amplio sentido, de las coberturas forestales nativas.
En este sentido, según el documento, en presencia de tales debilidades preocupa a la Contraloría que un instrumento de política forestal de largo plazo como es el Plan Nacional de Desarrollo Forestal, cuya discusión convocó los intereses más amplios del país y también sus recursos, además de su limitado nivel de avance, quede pobremente reflejado en la actual iniciativa legislativa y que, contrario a buscar una disminución sensible del nivel de conflicto histórico por el uso de los suelos de potencial forestal en otras actividades productivas, se asuma una fuerte posición para favorecer la intervención de las, cada vez, más disminuidas áreas forestales naturales con que cuenta el país.
De otro lado, en entrevista concedida a este medio, un alto funcionario de la Contraloría delegada para el Medio Ambiente, que pidió mantener el anonimato, citó el artículo tercero de la Constitución que establece que los derechos de propiedad intelectual derivados del material biológico y genético del conocimiento ancestral, podrán tramitarse siempre y cuando cuenten con el consentimiento de las comunidades indígenas, afro colombianas y locales.
“Cuando se está entregando bosque primario, en términos de concesión para explotación, se puede estar entregando, además de madera, mucha información biológica y genética que tienen derechos ya reconocidos en las comunidades. Por ahí, es donde enfocamos el pronunciamiento en el sentido en que la Ley no es clara para dirimir los conflictos, no solo de propiedad del suelo, de propiedad de la tierra, sino también de la propiedad intelectual en lo que tiene que ver con la protección de los bosques y de las selvas”, afirmó el entrevistado.
El funcionario aclaró que al hacer un pronunciamiento frente a un proyecto de ley, no se está legislando porque esa es función del Congreso: “lo que nosotros hacemos es pronunciarnos frente a las consecuencias que puede tener un proyecto de ley. Si los recursos naturales son recursos públicos nosotros cuidamos el patrimonio público”, aseguró.
Según el funcionario, la Contraloría considera que la ley tiene de alguna manera un enfoque comercial; “se está hablando más de plantaciones agroforestales de tipo comercial y no pensando en el ecosistema y en la protección de los suelos. Y es ahí donde vemos la parte fiscal: cuánto le va a costar al país la implementación de la ley”.
El funcionario recordó que Colombia mantiene un Estatuto Forestal desde 1959 y es necesario modernizarlo de acuerdo a las políticas actuales de globalización.
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