| En la década de los 90, Colombia se convierte en el país más progresista en lo que a política indígena se refiere, la Constitución Política y las leyes reconocen y desarrollan un amplio catálogo de derechos territoriales, políticos, lingüísticos y culturales que se están implementando. Actualmente existen procesos políticos de significativa importancia organizativa que demuestran en la práctica las bondades de los reconocimientos legales; y, a pesar de que aún no termina de reglamentarse el marco constitucional, existen experiencias exitosas de gobiernos locales indígenas que son ejemplos reales para los gobiernos y Pueblos Indígenas latinoamericanos para cambiar la confrontación por una nueva relación más constructiva y respetuosa.
El modelo de Colombia basa su éxito en articular las Autoridades Indígenas como autoridades públicas co-responsables de garantizar el cumplimiento de los fines del Estado y la prestación de los servicios públicos esenciales, con las demás entidades competentes, determinando funciones de manera subsidiaria, concurrente y complementaria con las autoridades indígenas de base.
El reconocimiento de la propiedad colectiva de los territorios indígenas, en la categoría de resguardos, y la creación constitucional de las Entidades Territoriales Indígenas -ETIs, como divisiones político-administrativas del Estado, ha generado un proceso político excepcional de los Pueblos Indígenas en Colombia que demuestra la viabilidad de reestructurar la distribución del poder local en los territorios indígenas como un mecanismo para ganar gobernabilidad y soberanía en la totalidad del territorio nacional.
El Programa COAMA se ha encargado de realizar seguimiento, acompañamiento y asesoría a la producción legislativa y de políticas públicas sobre derechos relativos al medio ambiente y Pueblos Indígenas. Igualmente, trabaja en la divulgación y promoción de los procesos de base desarrollados en los diferentes ríos con las Asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas –AATIs- y de forma esporádica, asesora a los Pueblos Indígenas en la interposición de acciones judiciales y administrativas dirigidas al efectivo cumplimiento y aplicación de sus derechos.
|
